Los resultados de una encuesta realizada por el Fondo de Población de Naciones Unidas en 14 países han puesto de relieve que el 20% de los adultos en edad reproductiva pensaban que no podrían tener los hijos que deseaban. Las razones a las que aludían: su situación económica (el 39 % de los encuestados) y 1 de cada 5 destacaba el temor al futuro (cambio climático, conflictos armados, pandemias…).
En España, según la Encuesta de Fecundidad del año 2018 las mujeres sin hijos/as indican no haberlos tenido por condicionantes económicos, laborales, de conciliación de la vida familiar y laboral, por no tener pareja o no ser la adecuada. Por zonas geográficas es particularmente significativa la coyuntura en Canarias (0.85 hijos), seguida de Galicia, Asturias y el País Vasco, si bien en donde más se ha experimentado esta bajada, en la última década, ha sido en Barcelona, Madrid y Álava. En paralelo, el 33,3% de los nacimientos son de mujeres no autóctonas, aunque los datos constatan que la fecundidad de las españolas y las extranjeras convergen tras algunos años residiendo en nuestro país.
De cara al futuro, según proyecciones del INE, los nacimientos a partir de 2026 irán elevándose hasta el año 2042, alcanzando los 5,3 millones de niños/as. Anticipan que a partir de 2061 es posible que aumente la fecundidad, si bien juzgan que el saldo vegetativo será negativo durante los 50 próximos años.
En orden a lo anterior registramos la edad media de maternidad más elevada del mundo, supera los 31,9 años y ha dado lugar, por razones biológicas, a una reducción de los segundos y terceros hijos/as. Condicionantes especialmente relevantes al efecto: el tardío acceso al mercado de trabajo (26,5 años), las altas tasas de desempleo juvenil (23,7% en el segundo trimestre de 2026) o las dificultades para acceder a la vivienda (con un precio medio de 2.100 euros por metro cuadrado y 15,1 euros el alquiler). Constatándose que las medidas de conciliación familiar, la flexibilidad en los horarios laborales y las ayudas directas son insuficientes, a pesar de los logros alcanzados en los últimos años.
El desequilibrio entre la baja tasa de natalidad y la elevada esperanza media de vida ponen en cuestión el sostenimiento del Estado de Bienestar y de las prestaciones sociales, asociadas a cuatro derechos universales: educación y sanidad gratuitas, pensiones y atención a las personas dependientes.
Es obligado promover políticas familiares (family friendly), y medidas de apoyo a la natalidad, teniendo en cuenta que los hijos se han convertido, en países como el nuestro, en un bien de interés público (“hijo/hija tesoro”). Sustentado en el principio ético de la igualdad entre géneros debería potenciarse la creación de servicios públicos de apoyo a las familias, favorecer mayores tasas de actividad femenina y fomentar políticas económicas, sociales y políticas que promuevan que las mujeres y las parejas tengan descendencia.
Es, por tanto, preceptivo ir más allá del discurso en torno a la libertad reproductiva. De tal suerte que por tratarse de una problemática que afecta a buena parte de la humanidad las medidas de orden general van desde construir sociedades que garanticen a las madres y a sus chiquillos una atención sanitaria universal y de calidad; fomentar la corresponsabilidad filial entre mujeres y hombres; garantizar una seguridad económica y viviendas asequibles y de calidad; apostar por la solidaridad intergeneracional; generar certezas entre la población mundial sobre un planeta saludable; garantizar condiciones económicas estables y seguridades de toda índole…
Si no se produce un cambio de tendencia con medidas estructurales que impliquen a los poderes públicos nacionales e internacionales, al sector productivo, a las familias y a los diversos sectores sociales… nuestra continuidad como Humanidad estará comprometida.